Comunidades y RADA piden consulta indígena y participación ciudadana en evaluación de incineradora WTE

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El 10 de septiembre de 2019, las comunidades mapuche Pancho Cayuqueo, Pedro Segundo Coliqueo Catricura, Tripaiñan, Juan Chavarría, Antonio Llaufulem, José María Toro, Valentín Namoncura y Juana Gaminao de Lautaro, solicitaronque el proyecto WTE Araucanía para la instalación de una incineradora de residuos en Lautaro, sea sometido a consulta indígena.

Mediante una carta dirigida a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental Andrea Flies, las comunidades fundamentaron su solicitud en la afectación directa que sufrirían con la instalación de este proyecto por la contaminación que generaría la incineradora de basura si se llega a construir. Dicha contaminación proviene de las sustancias que se generan por la incineración de los materiales contenidos en la basura, dentro de los que se encuentran todo tipo de plásticos, residuos electrónicos que contienen metales pesados, y neumáticos fuera de uso, además de textiles, papeles, cartones y restos vegetales. Investigaciones científicas han comprobado el impacto severo a la salud de las personas viven en las cercanías a una incineradora de residuos sólidos domiciliarios, por el aumento en la incidencia de enfermedades como sarcoma, enfermedades respiratorias, linfoma non-hodgkin, nacimientos prematuros, entre otras.

Por su parte la Red de Acción por los Derechos Ambientales solicitó el 10 de septiembre, la apertura de un nuevo proceso de participación ciudadana en el marco de la evaluación de este proyecto, dado que existen cambios sustanciales entre el proyecto presentado originalmente el 2017, y el que la empresa presenta hoy a través de la adenda entregada el 19 de agosto de 2019.

El proyecto WTE Arucanía presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a comienzos del 2017, suscitó la preocupación de la ciudadanía, recogiéndose más de 3.400 observaciones dentro de la etapa de participación ciudadana realizada en ese año. Hoy y según lo presentado por la empresa en la Adenda, el proyecto no cuenta con la etapa de higienización ni tampoco con los procesos de separación asociados a ella. Además el sistema de incineración ha cambiado completamente, ya que inicialmente la empresa informó que se trataba de tecnología de gasificación, y hoy simplemente se considera un horno parrilla de incineración directa. Estos cambios dejan extemporáneas y descontextualizadas las observaciones realizadas por miles de personas a este proyecto, y por tanto se genera la necesidad de que la ciudadanía conozca los cambios y tenga la oportunidad de generar nuevas observaciones bajo el actual escenario.

El requerimiento de nueva participación ciudadana se ampara además en los artículos 29 de la Ley 19.300 de Bases de Medio Ambiente y el artículo 92 del DS40 Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, que otorgan la atribución al SEA de abrir nuevo proceso de participación cuando un proyecto sufre modificaciones sustanciales como lo es en este caso.

La contaminación proveniente de la incineración de residuos además de contaminar el aire, al decantar contamina el agua, suelo y vegetación, dañando por lo tanto las fuentes de agua superficiales que las comunidades usan para consumo humano, animal y riego. También se vería afectada la producción de alimentos vegetales como hortalizas y cereales, como la producción animal tanto para consumo interno como para su venta.

En su carta al SEA, la RADA presentó además un mapa donde se muestran las comunidades mapuche que serían directamente afectadas por la instalación de este peligroso proyecto. En el mapa se da cuenta de la omisión de más de 30 comunidades que se encuentran dentro del área de estudio presentada en la adenda del proyecto WTE Araucanía, y que no fueron consideradas en ningún apartado del informe de la empresa.

La consulta indígena está consagrada en el Convenio 169 de la OIT que se encuentra ratificado por Chile, y que obliga al Estado a consultar a las comunidades toda vez que sean afectadas por una decisión legal o administrativa, como lo es en este caso la evaluación de un proyecto que pone en riesgo sus formas de vida y el ambiente en donde realizan todas sus actividades cotidianas, productivas, culturales y religiosas.

 

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